Hoy muchos estudiantes viven maratones de exámenes concentrados en pocos días, especialmente en junio y julio. En algunos casos llegan a encadenar varias pruebas en menos de 72 horas, con desplazamientos largos y sin margen real para preparar cada asignatura con calma.

La publicación tardía de fechas, los cambios de última hora o la falta de coordinación entre asignaturas generan una sensación constante de improvisación y agotamiento. Quien trabaja, cuida o tiene otras responsabilidades es quien peor lo lleva.

Proponemos que cada titulación disponga de un calendario de exámenes pensado a varios meses vista, construido con un esquema de “ventanas” por bloques de asignaturas y revisado con datos reales de carga.

Queremos que exista una matriz pública de pruebas por semana que evite concentrar demasiados exámenes en pocos días y que cualquier modificación tenga que justificarse y comunicarse con suficiente antelación. La idea es sencilla: organizar los tiempos para que la exigencia académica sea alta, pero compatible con la salud y la vida de las personas.

La evaluación continua aparece en las guías docentes, pero en la práctica muchas veces se traduce en uno o dos exámenes muy concentrados y una batería de entregas sin apenas margen de maniobra. Cuando surge una enfermedad, un problema familiar o un pico de trabajo, la sensación es que “no hay plan B”.

Las permutas de grupo y las adaptaciones se resuelven con criterios poco claros que dependen de la buena voluntad de cada centro o de cada docente, lo que genera sensación de injusticia y desigualdad entre estudiantado de distintos grados o campus.

Defendemos un modelo en el que la evaluación continua sea de verdad progresiva, con varias oportunidades a lo largo del semestre y procedimientos comunes de flexibilidad para casos justificados. No se trata de bajar el nivel, sino de distribuir mejor los esfuerzos.

Propondremos un protocolo de permutas y cambios de grupo, con plazos, criterios objetivos y publicación obligatoria en las webs de centro. Y trabajaremos para que en la normativa de evaluación se recoja, negro sobre blanco, que trabajo, cuidados y salud son circunstancias a tener en cuenta a la hora de adaptar pruebas y plazos.

El acceso a las becas sigue siendo, para muchas personas, un terreno lleno de incertidumbre: a veces el dinero llega cuando ya ha pasado medio curso, otras ni siquiera está claro qué ayudas son compatibles, y es habitual que haya que adelantar meses de alquiler, transporte o material sin saber si se recuperará.

Quien más necesita apoyo económico suele ser quien menos tiempo y recursos tiene para descifrar formularios, plazos y requisitos cambiantes. Si la información no es clara, el resultado es que una parte del estudiantado renuncia a solicitar ayudas a las que tendría derecho.

Propondremos una negociación firme para que las becas estatales y autonómicas lleguen en plazos razonables, y que la Universidad active anticipos y ayudas puente cuando eso no se cumpla. Paralelamente, defenderemos un aumento sostenido de las becas propias, orientadas a quienes están realmente en riesgo de abandono.

Apostamos también por una ventanilla única informativa –presencial y online– donde cualquier estudiante pueda ver de un vistazo qué ayudas existen, qué requisitos piden, cómo se combinan entre sí y a quién dirigirse en cada caso. El objetivo es que nadie deje de solicitar una beca por falta de información o por miedo a equivocarse.

Hay situaciones en las que la vida se rompe de golpe: pérdida de empleo familiar, desahucios, violencia, cortes de suministros… En esos casos, el tiempo de reacción de las ayudas generales suele ser demasiado lento para evitar que la persona abandone los estudios o viva en condiciones muy precarias.

A menudo, las personas afectadas no saben a quién acudir dentro de la Universidad, ni qué puertas tocar primero (servicios sociales, decanato, unidad de becas, asociaciones…). Esa desorientación hace que el apoyo llegue tarde o que ni siquiera llegue.

Proponemos poner en marcha ayudas de emergencia con respuesta rápida, capaces de activar en pocas semanas apoyos para vivienda, alimentación o material básico cuando se acredita una situación grave. Estas ayudas se coordinarían con servicios sociales y con entidades externas para aprovechar todos los recursos disponibles.

Además, planteamos reforzar la orientación personalizada: que exista una figura o equipo que analice cada caso y ayude a combinar de forma ordenada ayudas sociales, laborales y académicas. El objetivo es que, ante una crisis, la persona no tenga que recorrer sola un laberinto de ventanillas, sino que encuentre un acompañamiento claro y continuo.

El estrés, la ansiedad o la depresión forman parte de la realidad de muchos estudiantes, pero no siempre encuentran apoyos accesibles y rápidos. Listas de espera largas, poca difusión de los servicios, o la sensación de que “no es para tanto” hacen que demasiadas personas se queden sin ayuda profesional cuando más la necesitan.

En paralelo, las normas académicas no siempre recogen con claridad cómo adaptar plazos y evaluaciones cuando existe un problema de salud mental grave, lo que genera incertidumbre y miedo a comunicarlo en los centros.

Queremos reforzar los recursos de bienestar con más personal especializado, una distribución equilibrada por campus y horarios compatibles con quienes estudian y trabajan. Y, sobre todo, queremos que los circuitos para pedir ayuda sean claros y visibles, sin trámites innecesarios.

Propondremos que los reglamentos de evaluación y permanencia incluyan cláusulas específicas sobre adaptaciones por salud mental, con criterios comunes y plazos razonables. La idea es que el sistema académico sepa reaccionar a tiempo, de forma coordinada, cuando una persona lo está pasando mal, sin dejar toda la carga en su espalda.

Muchas veces el malestar no aparece solo en forma de crisis individual, sino como climas de aula tensos, espacios donde nadie se atreve a preguntar o contextos donde se normalizan comentarios hirientes, sexistas, racistas o LGTBIfóbicos.

La prevención del acoso, del consumo problemático o del aislamiento social suele concentrarse en campañas puntuales, pero no siempre se integra en la dinámica cotidiana de las titulaciones ni en la formación del profesorado.

Proponemos que la Universidad asuma el bienestar y la convivencia como parte de la calidad docente. Eso pasa por programar talleres, actividades y materiales de trabajo que se vinculen a asignaturas concretas y a momentos clave del curso, no solo a fechas simbólicas.

También defendemos una formación básica y continuada en salud mental, detección temprana y prevención del acoso para PDI y PAS. Y que las encuestas de clima y bienestar sirvan para detectar facultades o grupos donde hacen falta medidas específicas de apoyo, en vez de quedarse solo en estadísticas generales.

En muchos momentos del año los campus parecen espacios de paso: se entra, se va a clase y se vuelve a casa. La oferta de actividades culturales, deportivas o de divulgación llega de forma desigual según el centro, el campus o incluso el horario.

Las iniciativas que sí existen a veces se solapan o se comunican a última hora; otras se concentran solo en determinadas facultades, dejando a parte del estudiantado prácticamente sin opciones de implicarse en nada más allá de las clases.

Apostamos por una agenda estable y coordinada de vida universitaria, que garantice actividad en todos los campus y a lo largo de todo el curso. Esto implica planificar con tiempo jornadas culturales, deportivas y científicas, cuidando que no se solapen siempre en los mismos días u horarios.

También proponemos ferias periódicas de asociaciones y servicios para que el estudiantado conozca todo lo que la Universidad ya ofrece, y la creación de un calendario único online donde cualquier persona pueda ver qué está pasando hoy y qué pasará las próximas semanas en su campus.

Muchos proyectos estudiantiles se quedan a medias por falta de espacios, apoyo técnico o una cantidad pequeña de recursos económicos. A menudo se repiten los mismos problemas: no saber a quién pedir aula, cómo tramitar un seguro, cómo comunicar la actividad…

Además, los espacios comunes no siempre están pensados para quedarse: enchufes escasos, mobiliario poco flexible, falta de zonas para trabajo en grupo o ambientes ruidosos para quien necesita concentración.

Propondremos un ecosistema claro de apoyo a proyectos estudiantiles: una ruta sencilla desde la idea hasta la actividad realizada, con guías, plantillas, asesoramiento y pequeñas partidas económicas competitivas.

Al mismo tiempo, queremos que se revisen y mejoren los espacios comunes de estudio y convivencia, con horarios amplios, buena conectividad, zonas diferenciadas (trabajo en grupo / silencio) y la posibilidad de que el propio estudiantado participe en el diseño de estos espacios.

No todo el mundo se ve capaz de irse de movilidad internacional. Falta de información a tiempo, miedo a perder asignaturas, dudas sobre equivalencias o la necesidad de adelantar gastos importantes hacen que muchos estudiantes se descuelguen antes incluso de intentarlo.

Quien sí se va, a menudo se encuentra con trámites largos y complejos en origen y destino, y no siempre tiene claro cómo afectará la experiencia a su itinerario académico o a su futuro laboral.

Queremos que la movilidad sea una opción real para quien lo desee. Para ello, propondremos sesiones informativas específicas por titulación, materiales claros sobre equivalencias y convalidaciones y acompañamiento administrativo antes, durante y después de la estancia.

Defendemos un refuerzo de las ayudas complementarias de movilidad para cubrir costes de viaje, visado o alojamiento, y que el reconocimiento académico esté cerrado por escrito antes de salir. A la vuelta, proponemos un programa de retorno que conecte lo aprendido fuera con prácticas, TFG o proyectos de innovación en la Universidad.

La experiencia de prácticas es muy desigual: hay lugares donde el estudiantado aprende y está acompañado, y otros donde se limita a tareas repetitivas o poco relacionadas con su formación. En muchos casos, ni la dedicación ni el impacto en el aprendizaje se ven reflejados en el reconocimiento académico o económico.

Además, no siempre se garantizan condiciones mínimas claras en cuanto a tutorización, seguridad, respeto de horarios o compatibilidad con el resto de la carga académica.

Propondremos reforzar el trabajo con empresas, administraciones y entidades sociales para ofrecer prácticas de calidad, preferentemente remuneradas, con tareas coherentes con la titulación y tutores implicados.

Queremos que existan criterios mínimos obligatorios para todas las prácticas: descripción clara de funciones, protección frente a riesgos, canales para comunicar incidentes y un sistema de evaluación que tenga en cuenta el esfuerzo y las competencias adquiridas. Así, las prácticas dejarán de ser una casilla a rellenar para convertirse en una pieza fuerte de la formación.

Con demasiada frecuencia, las grandes decisiones (planes de estudio, reglamentos, reordenaciones de servicios) llegan al estudiantado cuando ya están prácticamente cerradas. La participación aparece en la normativa, pero en la práctica se percibe como poco influyente.

Falta también una cultura de explicación posterior: no siempre queda claro qué se ha decidido, con qué argumentos y qué papel ha tenido la representación estudiantil en ese proceso.

Apostamos por un modelo en dos tiempos: primero, consulta real al estudiantado (a través de sus representantes, asambleas, encuestas o procesos participativos); después, una decisión motivada y pública que explique qué propuestas se han incorporado y cuáles no, y por qué.

Propondremos reforzar la presencia del estudiantado en las comisiones clave y fijar obligaciones de transparencia: actas accesibles, informes de seguimiento y comunicación comprensible sobre las decisiones. La idea es que la Universidad escuche antes de decidir y explique después de hacerlo.

Quien asume una responsabilidad de representación suele encontrarse con mucha tarea y poco acompañamiento: documentos largos, tiempos ajustados para prepararlos, falta de formación específica, dudas sobre cómo trasladar lo que se decide a su facultad o a su grupo.

Cuando la carga recae en pocas personas y no se reconoce su esfuerzo, es difícil que la red representativa se renueve y se mantenga viva en el tiempo.

Propondremos itinerarios de formación y acompañamiento para representantes, para que no tengan que improvisar sobre la marcha: sesiones sobre normativa universitaria, presupuestos, negociación, habilidades de comunicación y gestión de conflictos.

Defendemos también que esta tarea se visibilice y reconozca: cuando la normativa lo permita, mediante créditos o menciones específicas, y en todo caso con certificaciones claras de la labor realizada. Al mismo tiempo, queremos mejorar la coordinación entre delegaciones, claustro y órganos de centro para que la voz del estudiantado llegue, se escuche y tenga un retorno claro.