Antes, solo podía pedir evaluación diferenciada el estudiantado con matrícula a tiempo parcial. Quien trabajaba, cuidaba o tenía problemas serios de salud y seguía matriculado a tiempo completo se veía obligado a dejar asignaturas, anular matrícula o directamente dejar de ir a clase para cuadrar su vida.

La normativa empujaba, en la práctica, a “desaparecer del aula” para poder conciliar, porque la única salida formal era renunciar a créditos o perder la beca. No existía una vía reconocida para decir: “tengo estas circunstancias de conciliación y necesito otra forma de ser evaluado sin abandonar la carrera”.

Además, el discurso habitual era que abrir la evaluación diferenciada generaría una carga de gestión inmanejable, sin datos que justificaran de verdad ese argumento y dejando la sensación de que el problema era del individuo, no del diseño de la norma.

Ahora la evaluación diferenciada se plantea como una herramienta de conciliación también para quienes están a tiempo completo, con un cambio normativo concreto en el artículo 7 y en el artículo 15 del Reglamento de Evaluación que abre la puerta a más situaciones justificadas.

La propuesta está incorporada al proyecto oficial sometido a información pública, cuenta con informe favorable y se ha trabajado para que pueda aplicarse ya en 2024–2025. El debate deja de ser “si se puede” y pasa a ser “cómo se aplica y con qué garantías” para que funcione como derecho real.

Los datos de solicitudes y denegaciones mostraron que admitir más casos no supone colapsar la gestión. Y, al conectar este cambio con la LOSU, los nuevos Estatutos y la normativa de becas, se reconoce explícitamente que la conciliación no puede depender solo de la voluntad de cada docente, sino de una norma que proteja al estudiantado en situaciones complejas.

Antes, las encuestas de docencia se vivían muchas veces como un trámite: se rellenaban porque tocaba, sin tener claro qué peso real tenían ni qué cambios concretos salían de ahí. La sensación generalizada era que la opinión del estudiantado apenas influía en la evaluación del profesorado.

DOCENTIA-UO era percibido como un sistema interno, poco transparente para quien está en el aula, con indicadores complejos y alejados de la experiencia diaria. La EGE, además, tenía preguntas poco afinadas, se explicaba poco y ofrecía muy poca devolución de resultados a los grupos.

Todo esto alimentaba la idea de que “da igual lo que pongamos”, lo que a su vez llevaba a bajas tasas de respuesta y a que la voz del estudiantado llegara fragmentada y debilitada a los órganos de calidad.

Ahora se ha trabajado para que la opinión del estudiantado tenga más peso formal en el nuevo DOCENTIA-UO, con un grupo de trabajo donde se han introducido cambios concretos en indicadores y ponderaciones. La EGE se ha revisado para que las preguntas sean más claras y se entienda mejor qué se hace con las respuestas.

La organización de un sorteo vinculado a completar todas las encuestas ha conseguido aumentar la participación, especialmente en titulaciones donde casi nadie contestaba. Esto no solo mejora la muestra, sino que da más fuerza a los resultados a la hora de negociar cambios.

Además, la participación en la consulta pública de ANECA permite que las especificidades de la UO y las necesidades del estudiantado se tengan en cuenta también en el diseño estatal del programa, de modo que la evaluación docente se parezca más a lo que realmente pasa en las aulas.

Antes, muchas guías docentes eran documentos vagos o incompletos: faltaban detalles sobre pruebas parciales, ponderaciones, recuperación o evaluación de estudiantes a tiempo parcial. Para el estudiantado, eso se traducía en incertidumbre sobre cómo se iba a calificar cada asignatura.

En las llamadas “asignaturas críticas” la situación era aún más tensa: se acumulaban cursos con porcentajes muy altos de suspensos o repetidores, sin mecanismos claros de revisión ni opciones como la evaluación ante tribunal que aportaran seguridad y garantías adicionales.

A nivel de órgano, el Consejo Social tenía datos de tasas de éxito, pero no siempre contaba con una lectura cualitativa desde el punto de vista del estudiantado que explicara qué había detrás de esas cifras.

Ahora existe un diagnóstico sistemático de las guías de 127 titulaciones, con recomendaciones concretas para que todas incorporen mínimos homogéneos en evaluación, un tratamiento claro del tiempo parcial y criterios definidos para las convocatorias extraordinarias.

El informe de asignaturas críticas presentado en el Consejo Social abre la puerta a medidas adicionales allí donde las tasas de suspenso son especialmente altas. La propuesta de evaluación ante tribunal introduce una herramienta extraordinaria, con la participación de delegadas y delegados, para garantizar imparcialidad y revisar situaciones de bloqueo.

Todo esto no elimina de golpe los problemas, pero sí pone un marco más claro: guías más completas, datos acompañados de interpretación y mecanismos extraordinarios para asignaturas donde el sistema no estaba funcionando como debería.

Antes, un cambio de modelo de grupos decidido desde arriba podía dejar a muchas personas con solapamientos imposibles entre asignaturas, sin causas claras reconocidas para pedir cambio ni plazos suficientes para reorganizar horarios.

Las permutas entre estudiantes se movían en el terreno de la informalidad y, en algunos centros, directamente no se contemplaban. Si la aplicación fallaba o alguien no llegaba a tiempo, el mensaje era “no hay nada que hacer”.

Cuando faltaba profesorado, era habitual que parte del temario quedara sin impartir o se concentrara al final del curso de forma precipitada, evaluando en ocasiones contenidos que no se habían trabajado en profundidad en clase.

Ahora se han fijado tres mínimos claros: los solapamientos cuentan como causa válida de cambio, las permutas se reconocen como solución organizada y se asegura un periodo extraordinario de cambios de al menos cinco días, con recomendaciones expresas del Rectorado a los centros.

La Instrucción de planes de recuperación obliga a que el temario previsto en las guías se imparta y prohíbe evaluar contenidos que no se hayan explicado. Esto reduce el margen para que los problemas de personal docente se traduzcan en exámenes injustos.

El resultado es que quien se organiza su horario sabe que hay un marco mínimo de protección si aparece un solapamiento grave o un cambio sobrevenido, y que no debería ser evaluado por temas que nunca se trabajaron en el aula.

Antes, si un grupo reclamaba por la forma en que se impartía una asignatura, la respuesta podía quedarse en conversaciones de pasillo, correos sin contestar o mensajes informales que nunca llegaban a convertirse en una decisión escrita.

Problemas como la falta de asistencia del profesorado, la impuntualidad constante, la ausencia de tutorías o el incumplimiento del Reglamento de Evaluación se difundían entre el estudiantado, pero no siempre quedaban registrados de forma que obligara a un seguimiento.

Esto generaba la sensación de que “quejarse no sirve de nada” y desincentivaba el uso de los canales formales, porque el esfuerzo de redactar una reclamación no siempre se veía compensado con una respuesta clara.

Ahora existe una instrucción concreta que obliga a las direcciones de departamento a responder por escrito y de forma motivada a las reclamaciones docentes. Eso significa que estas quejas generan un documento, no solo una conversación.

La instrucción enumera motivos como la asistencia, la puntualidad, el cumplimiento del Reglamento de Evaluación y la ausencia de tutorías, de modo que el estudiantado sabe que esos temas están reconocidos como legítimos para reclamar.

La obligación de dejar constancia de la queja y de las medidas adoptadas hace que sea más fácil revisar qué ha pasado si el problema se repite, y facilita que otros órganos (calidad, Defensoría, etc.) puedan intervenir con información contrastable.

Antes, era habitual que parte de los exámenes de algunas convocatorias se situaran en julio, especialmente en segundas y terceras convocatorias. Para quienes venían de fuera o estaban de movilidad, eso significaba pagar un mes extra de alquiler o mantenerse en la ciudad solo por una o dos pruebas.

El calendario se diseñaba sobre todo pensando en la organización interna de centros y departamentos, sin incorporar de forma explícita el coste de permanencia en la ciudad para el estudiantado desplazado.

Esto hacía que, en la práctica, algunos estudiantes renunciaran a presentarse a esas convocatorias o buscaran alternativas improvisadas que no siempre eran viables ni justas.

Ahora se ha planteado y defendido una enmienda concreta para que el calendario 2025–2026 no sitúe exámenes en julio, y esa enmienda se ha integrado en la propuesta que llega al Consejo de Gobierno.

La lógica cambia: el diseño del calendario empieza a incorporar explícitamente la realidad de quien tiene que abandonar la ciudad al acabar junio, ya sea por contrato de alquiler, por trabajo o por regreso a su lugar de origen.

Con el periodo de evaluación concentrado antes de julio, el estudiantado puede planificar mejor sus estancias, reducir costes y no tener que elegir entre examinarse o poder permitirse seguir viviendo cerca de la universidad.

Antes, un fallo en la aplicación de matrícula o un problema en la sede electrónica podía traducirse directamente en perder la plaza o el plazo. La respuesta habitual era que los plazos eran los que eran y que no se podían modificar por incidencias técnicas.

La app de matrícula no siempre estaba preparada para soportar los picos de tráfico en los primeros días, lo que generaba bloqueos, errores al guardar cambios o expulsiones del sistema en mitad del proceso.

La sede electrónica reunía muchos trámites en un único “Servicio de Solicitudes”, poco ordenado desde el punto de vista del estudiantado, lo que complicaba localizar qué formulario correspondía a cada gestión.

Ahora, cuando se detectan problemas graves de matrícula en Máster y Doctorado, se consigue una ampliación de plazo que evita que nadie quede fuera por fallos técnicos. Esto marca un precedente importante: las incidencias informáticas se reconocen como motivo para flexibilizar los plazos.

Se han formulado propuestas específicas para mejorar la app de matrícula y la firma digital, y se ha planteado reorganizar los trámites de la sede electrónica para que el estudiantado encuentre más rápido lo que necesita, con procedimientos pensados desde su punto de vista.

Al elevar estas propuestas a la Comisión de Direcciones de Área, el debate sobre matrícula y sede electrónica deja de ser solo una queja puntual y entra en la agenda técnica de digitalización académica de la Universidad.

Antes, la Universidad funcionaba con unos Estatutos anteriores a la LOSU, con un diseño institucional que no terminaba de reflejar ni la realidad actual de los estudios ni el peso que tiene el estudiantado en la vida diaria de la UO.

La Defensoría Universitaria atendía mayoritariamente casos de estudiantes, pero ese dato apenas aparecía en el debate sobre el modelo de Universidad. La percepción era que la adaptación a la LOSU podía quedarse en un trámite jurídico, sin un enfoque claro en derechos, participación o equidad.

El estudiantado veía el proceso de reforma estatutaria como algo lejano, del que llegaban ecos sueltos, sin una explicación clara de qué se estaba discutiendo en la comisión ni qué implicaciones tendría para el día a día.

Ahora la Universidad cuenta con unos Estatutos nuevos, adaptados a la LOSU y aprobados casi por unanimidad en el Claustro, con 260 votos a favor. En el propio debate, la Defensora deja claro que el 85 % de sus casos son de estudiantes, y ese dato se incorpora al relato sobre qué Universidad se quiere construir.

El proceso ha incluido trabajo continuado en la comisión redactora y una decisión consciente de no filtrar borradores fuera del Claustro, pero sí acompañarlo con un informe de rendición de cuentas que cualquier persona puede leer para saber qué se estaba defendiendo en su nombre.

El resultado es un marco estatutario actualizado, con mayor visibilidad del papel del estudiantado y con una señal política clara: la Universidad reconoce que la mayoría de los conflictos formales vienen del alumnado y que sus garantías tienen que reforzarse en la norma básica.

Antes, muchas decisiones clave sobre evaluaciones, enseñanzas propias o responsabilidad social se percibían como resoluciones “que venían de arriba”, sin un seguimiento claro de cómo se estaba defendiendo el punto de vista del estudiantado en Consejo de Gobierno o en el Claustro.

La Mesa del Claustro tenía una composición más centrada en cargos académicos, y la representación estudiantil podía quedar en un segundo plano en la organización de los debates y el orden del día.

El Reglamento de Enseñanzas Propias mantenía figuras como el CIP y un modelo de IUDE que no garantizaba del todo ni la calidad ni la representación. La evaluación del desempeño docente apenas incorporaba la voz del estudiantado de forma estructurada.

Ahora, la presencia estudiantil en Consejo de Gobierno y en la Mesa del Claustro está asegurada y se ha utilizado para influir directamente en normas como el Reglamento Electoral General, el Reglamento de Enseñanzas Propias o el Reglamento de Permanencia de Doctorado.

La transformación del IUDE en Centro de Enseñanzas Propias y la supresión del CIP van acompañadas de mayores garantías de calidad y de presencia de estudiantes en el diseño de la oferta. El nuevo modelo de evaluación del desempeño docente reconoce más explícitamente la opinión del alumnado.

Desde el Claustro se han fijado objetivos estratégicos claros para 2024–2025 y se han puesto en marcha reglamentos propios del Claustro y de la Defensoría, de forma que el estudiantado no solo está presente en los órganos, sino que ve cómo esos órganos actualizan sus propias reglas de juego.

Antes, la convivencia se regía por normas menos claras y por instrucciones internas que no siempre eran fáciles de localizar para el estudiantado. La sensación era que muchos criterios se aplicaban “por costumbre” o según el centro, sin un marco único visible.

No existía una Comisión de Convivencia elegida por el Claustro con un papel definido, y el acceso a las instrucciones de los distintos vicerrectorados dependía en gran medida de contactos informales o de correos reenviados.

Esto dificultaba saber qué se podía esperar en un procedimiento de convivencia, qué derechos y deberes había en cada fase y qué margen había para recurrir decisiones o pedir aclaraciones.

Ahora hay un Reglamento de Convivencia aprobado, con muchas de las propuestas estudiantiles incorporadas, y una Comisión de Convivencia elegida por el Claustro que da la cara cuando se aplican las normas.

La existencia de un espacio web dedicado a convivencia y la petición formal de recopilar las instrucciones de los vicerrectorados permiten que el estudiantado pueda consultar qué normas se aplican, cómo y con qué criterios.

La representación estudiantil tiene además acceso regular a esa información, lo que facilita detectar problemas, incoherencias o lagunas y plantear cambios de forma argumentada, no solo caso a caso.

Antes, muchas cosas en la representación estudiantil se regían por usos y costumbres o por reglamentos dispersos y desactualizados. Delegaciones y asambleas funcionaban, pero sin un mapa normativo claro y homogéneo para toda la Universidad.

El propio procedimiento electoral del Consejo no estaba recogido en un Reglamento específico aprobado por Consejo de Gobierno y publicado en el BOPA, lo que daba poco margen para exigir estabilidad y transparencia ante cambios de criterio.

Para una persona que llegaba nueva a una Delegación o que quería montar una asamblea, entender qué se podía hacer y cómo podía costar bastante más de lo razonable.

Ahora existe un plan de reforma normativa interna que ha dado lugar al Reglamento del Consejo, al Reglamento de Delegaciones y al Reglamento de Asambleas de Centro, todos ellos aprobados en Pleno y listos para encajar con los nuevos Estatutos.

El Reglamento Electoral del Consejo de Estudiantes se ha aprobado en Consejo de Gobierno y se ha publicado en el BOPA, de modo que las próximas elecciones cuentan con una norma clara, pública y estable.

Delegaciones, asambleas y candidaturas se mueven ahora en un marco más predecible, donde las reglas dejan de depender de la memoria de quienes llevan mucho tiempo y pasan a estar escritas y accesibles para quien quiera implicarse.

Antes, el estudiantado de doctorado estaba mucho menos presente en la gobernanza: ni existía una Escuela Internacional de Doctorado como tal, ni había porcentajes claros de representación en sus órganos.

En los institutos de investigación, la voz de las personas en formación doctoral solía quedar muy diluida frente al peso de los grupos consolidados y los equipos directivos, y los procesos electorales internos no siempre garantizaban que esa etapa formativa tuviera un espacio propio.

Esto hacía que decisiones sobre programas, supervisión, recursos o líneas de investigación se tomaran sin incorporar de forma sistemática la perspectiva de quienes están haciendo la tesis.

Ahora la Escuela Internacional de Doctorado tiene un reglamento propio que fija negro sobre blanco que al menos un 30 % de su Junta y un 25 % de su Comisión de Doctorado estarán ocupados por estudiantes de doctorado.

La participación en la información pública del reglamento y las observaciones al Reglamento de Institutos de Investigación han introducido la idea de que la etapa doctoral no es solo un apéndice del PDI, sino un colectivo con derechos y necesidades específicas.

Esto se traduce en que las personas de doctorado tienen más margen para influir en cómo se organizan sus programas, cómo se coordinan los institutos y qué tipo de apoyo reciben de la Universidad.

Antes, la Defensoría Universitaria existía, pero para mucha gente era un correo electrónico poco conocido o un recurso de última instancia al que se acudía cuando ya se había intentado todo lo demás.

No había una figura clara que conectara de forma estable la Defensoría con el estudiantado organizado, ni un proyecto definido de Oficina de la Defensoría con representación de todos los sectores.

Eso hacía más difícil transformar los casos individuales en diagnósticos globales y, a partir de ellos, en cambios de norma o de procedimientos que evitaran que los mismos problemas se repitieran curso tras curso.

Ahora existe una figura reconocida de enlace con la Defensoría Universitaria y se está trabajando en una Oficina de la Defensoría que integre a PDI, PAS y estudiantado, lo que refuerza su papel como órgano de garantías.

La coordinación periódica entre la Defensoría y la representación estudiantil permite identificar patrones, agrupar problemas que se repiten y plantear cambios normativos o administrativos con una base real.

El resultado es que la Defensoría pasa de ser simplemente un buzón de quejas a ser un actor con el que se dialoga de forma estructurada sobre cómo mejorar derechos y procedimientos.

Antes, muchas comisiones universitarias funcionaban sin una presencia fuerte del estudiantado o con una participación más simbólica que efectiva. Había espacios donde se decidían inversiones, infraestructuras, normas o criterios de calidad sin una voz estudiantil organizada y constante.

En el Consejo Social, los debates sobre asignaturas críticas o permanencia podían desarrollarse sin un relato detallado de cómo se vivían esos problemas en las aulas o qué impacto real tenían en la trayectoria del alumnado.

La protección de datos y la transparencia se veían como cuestiones más administrativas que como temas que afectaban directamente a la experiencia educativa del estudiantado.

Ahora hay una ocupación sistemática de plazas en las comisiones clave, con seguimiento de lo que se decide en investigación, infraestructuras, calidad, espacios o transparencia, y con representantes como Carlos Camporro en la comisión específica de Buen Gobierno y Protección de Datos.

En el Consejo Social se ha presentado, por ejemplo, el informe de asignaturas críticas, aportando datos y contexto desde el punto de vista del estudiantado, y se participa en la discusión sobre normas de permanencia y objetivos estratégicos.

Esto hace que las decisiones de alto nivel tengan más en cuenta qué pasa en los grados y másteres concretos, y que cuestiones como la transparencia o la gestión de datos se miren también desde su impacto en el día a día en las aulas.

Antes, la Mesa del Estudiantado apenas tenía actividad real. Era un órgano previsto en la normativa pero poco utilizado, en el que se reunían representante y equipo de gobierno sin un sistema claro de informes, indicadores ni acuerdos con seguimiento.

Las consultas que llegaban a la representación estudiantil se atendían caso a caso, pero con poca capacidad de convertir esa experiencia acumulada en una foto global que obligara a la Universidad a reaccionar.

Temas como la diversidad, las becas propias o los servicios vinculados a colegios mayores se trataban de forma fragmentada, sin un compromiso expreso sobre cómo se iban a abordar en conjunto.

Ahora, la Mesa del Estudiantado recibe un informe con 1.874 consultas (317 % más que el curso anterior), desglosadas por tipo de problema, y a partir de esa foto se acuerdan más de veinte líneas de trabajo concretas.

El Vicerrector de Estudiantes se designa formalmente como responsable del seguimiento de esas sugerencias y se firma un acuerdo de objetivos con la Presidencia, lo que vincula los datos a decisiones y plazos.

Además, se pacta la creación de una Unidad de Diversidad independiente, la obligación de notificar cualquier cambio en servicios al estudiantado y la revisión conjunta de becas propias, de forma que la Mesa del Estudiantado pasa a ser un espacio donde se negocian cambios estructurales, no solo soluciones puntuales.

Antes, la idea de “matrículas gratuitas” aparecía en discursos y campañas, pero no estaba recogida en un documento concreto de la Universidad con objetivos, etapas ni compromisos escritos.

Las ayudas propias y la ONEO funcionaban con inercias heredadas: había becas y programas, pero con poca participación del estudiantado en el diseño y sin un debate claro sobre cómo avanzar hacia más equidad económica.

Servicios como CIVE, la Agencia de Colocación o el Pasaporte Digital estaban ahí, pero su rediseño no formaba parte de un paquete global ligado a gratuidad, empleabilidad y justicia social.

Ahora existe un acuerdo de 10 puntos firmado con el Rector el 17 de enero de 2025 donde la gratuidad progresiva de las matrículas, la revisión de la ONEO y la mejora de las ayudas propias aparecen juntas y por escrito.

La participación estudiantil queda incorporada en la revisión de becas propias y en el rediseño de CIVE, la Agencia de Colocación y el Pasaporte Digital, lo que permite hablar de gratuidad y apoyo económico con una hoja de ruta y no solo con eslóganes.

Cada propuesta enviada a la convocatoria de Ayudas a Estudiantes deja rastro, tanto si se acepta como si no, de forma que en el futuro se puede volver a ese expediente y demostrar qué se pidió y qué se desoyó.

Antes, para poder pedir una compensación era obligatorio estar matriculado en la asignatura que se quería compensar, aunque la persona supiera que no iba a cursarla ni a presentarse al examen.

Eso generaba situaciones absurdas: terceras y cuartas matrículas que se pagaban como peaje burocrático, sin relación con el esfuerzo académico real que la persona ya había demostrado en el resto del grado.

La compensación se veía más como un mecanismo para recaudar y “limpiar expedientes” que como una herramienta pensada para responder a casos límite en los que la carrera está prácticamente completada.

Con la propuesta de reforma del Reglamento de Evaluación por Compensación, la Universidad tiene sobre la mesa un modelo en el que ya no sería necesario matricularse de nuevo solo para pedir la compensación.

La compensación se vincula a la trayectoria académica global y a situaciones donde se ha demostrado sobradamente el nivel en el grado, evitando que el sistema exija pagar una matrícula más para un trámite que, en la práctica, se basa en el conjunto del expediente.

El debate deja de centrarse en si “ha pagado la matrícula” y pasa a preguntarse si la persona ha alcanzado, globalmente, las competencias del título y si la asignatura pendiente se ha convertido en un obstáculo desproporcionado.

Antes, la financiación de la representación estudiantil dependía en gran parte de decisiones discrecionales o de partidas poco claras, y no había un hábito de rendir cuentas con datos trimestrales.

La participación en coordinadoras estatales como CREUP podía verse comprometida si no estaba garantizada por una partida concreta para la cuota, y el resto del gasto tendía a concentrarse al final de año.

Desde fuera, era difícil saber cuánto dinero había, cuánto se ejecutaba y en qué se estaba gastando cada curso.

Ahora hay una partida específica de 8.100 € en el presupuesto de la Universidad, con una parte claramente identificada para la cuota de CREUP y un seguimiento trimestral que muestra la evolución del gasto.

A 1 de septiembre se ha ejecutado el 78,77 % del presupuesto y se mantiene un 21,23 % como colchón, lo que indica que el dinero se utiliza de verdad pero sin quemarlo antes de fin de año.

Cualquier persona puede ver en qué se está invirtiendo esa partida, qué se prioriza y cómo se equilibra la ejecución con la prudencia, lo que fortalece la rendición de cuentas.

Antes, una parte relevante del presupuesto de representación podía quedarse casi intacta o destinarse a gastos internos poco visibles para el resto del estudiantado, sin una estrategia clara de en qué invertir para mejorar la vida universitaria.

La participación en elecciones dependía casi exclusivamente de la motivación individual y de la comunicación por redes, sin incentivos específicos para movilizar al conjunto de la comunidad.

Las Jornadas de Orientación y la acogida al nuevo ingreso contaban con recursos, pero no siempre con una inversión pensada desde la perspectiva de la representación estudiantil.

Ahora hay números concretos que muestran que se ha decidido dedicar más de 1.100 € a incentivar la participación en las elecciones a Rector y casi 3.800 € a materiales de acogida para el nuevo ingreso.

Esos gastos se traducen en campañas visibles, materiales que se agotan y estudiantes que llegan a la Universidad con información y recursos en la mano, en vez de encontrarse solos ante trámites y dudas.

El presupuesto deja de ser algo abstracto y se convierte en una herramienta para mejorar de forma directa la participación democrática y la experiencia de quien entra por primera vez en la UO.

Antes, Delegaciones y asociaciones dependían casi exclusivamente de convocatorias de ayudas, patrocinios puntuales o de la buena voluntad de direcciones de centro para poder financiar sus actividades básicas.

No había una idea clara de “financiación basal” que garantizara un mínimo en el presupuesto de cada centro, ni una partida propia reforzada para la representación a nivel general.

Gastos corrientes como los de las salas de Delegaciones podían acabar recayendo en la partida de representación, reduciendo el margen para proyectos y actividades.

Ahora, los Presupuestos 2025 incluyen 13.500 € específicos para la representación estudiantil y se han presentado enmiendas para crear un suelo de 300 € por centro para las Delegaciones, además de plantear un sistema estable para asociaciones.

La propuesta de que los centros asuman los gastos corrientes de las salas permite imaginar un escenario en el que la partida de representación se dedique de verdad a actividades, proyectos y apoyo al estudiantado.

Aunque todavía queden pasos por dar, el debate sobre financiación ya se mueve en términos de bases estables, no solo de convocatorias coyunturales.

Antes, muchas salas de Delegaciones se parecían más a trasteros que a espacios de trabajo: mobiliario viejo, poca dotación informática y reformas que se iban parcheando según surgían problemas.

No había un plan global de mejora coordinado entre representación, Gerencia e Infraestructuras, ni una visión clara sobre cómo debía ser una futura Casa del Estudiante en el Campus del Cristo.

Las mejoras dependían de peticiones puntuales, sin una priorización ni una hoja de ruta que abarcase todos los centros.

Ahora existe un informe técnico de Infraestructuras que sirve de base para un plan de mejora de salas, con listas claras de qué puede asumir la representación y qué debe asumir la Universidad.

La coordinación con el Servicio de Informática permite revisar la dotación de ordenadores y pensar en las salas como espacios de trabajo reales, no como simple almacén.

Además, el proyecto de Casa del Estudiante ya no es solo una idea suelta: cuenta con un pre-visto bueno del Equipo Rectoral y un documento de necesidades enviado a Gerencia, pensado para el futuro Campus del Cristo.

Antes, la participación en reuniones, asambleas nacionales o actividades de representación dependía muchas veces de que la persona pudiera asumir por sí misma los costes de desplazamiento y estancia.

No estaba claro que quienes realizan representación pudieran recibir indemnizaciones por razón de servicio en las mismas condiciones que otros cargos universitarios.

Tampoco existía una beca de colaboración propia asociada a la comunicación o a tareas específicas de la representación estudiantil, de manera que todo dependía de voluntariado no remunerado.

Ahora, las propuestas de reforma del Reglamento de Gestión Económica y Financiera ponen por escrito que quienes ejercen representación deben poder recibir indemnizaciones por razón de servicio, igual que otros actores de la Universidad.

La existencia de una Beca de Colaboración específica, desarrollada por Alejandro Duarte en el ámbito de la comunicación, introduce por primera vez recursos humanos remunerados al servicio de la representación.

Esto facilita que tareas que requieren dedicación prolongada y cualificada no dependan exclusivamente de que haya personas que puedan permitirse hacerlas gratis.

Antes, el estudiantado incidía menos de forma estructurada en decisiones sobre precios públicos, creación de centros o diseño de becas estatales. Las normas llegaban ya aprobadas, con poco margen para que se escuchara la voz de quienes iban a pagar esas tasas o a solicitar esas becas.

El Estatuto de las personas en formación práctica no laboral se debatía sin una presencia constante de la perspectiva universitaria, especialmente en lo que toca a las condiciones de las prácticas.

Ahora, el Principado y los Ministerios reciben observaciones formales desde la Universidad de Oviedo cuando se regulan precios públicos, nuevas estructuras universitarias, becas o el Estatuto del Estudiante en Prácticas.

Esto no significa que siempre se acepten las propuestas, pero sí que la posición del estudiantado queda incorporada en los expedientes y puede recuperarse cuando se evalúan esas políticas.

La defensa de derechos económicos deja de limitarse a reclamar a posteriori y pasa también por intentar influir mientras las normas se están redactando.

Antes, la igualdad y la diversidad aparecían en muchos documentos y discursos, pero costaba encontrar un plan específico centrado en el estudiantado, con acciones, responsables y plazos claros.

No había una vocalía propia dedicada en exclusiva a igualdad y diversidad, y la web de igualdad presentaba menos herramientas directamente pensadas para que el alumnado pudiera denunciar o pedir ayuda.

El protocolo de acoso existía, pero su presencia en los centros era desigual y muchas personas no sabían dónde encontrar la información.

Ahora existe un Plan Director de Igualdad y Diversidad para el estudiantado, con medidas concretas y alineadas con la propuesta trabajada desde la representación estudiantil.

La Vocalía de Igualdad se dedica a este eje de forma específica, con un decálogo propio y una agenda de trabajo estable, y la web de igualdad ofrece formularios y documentos editables para canalizar denuncias y consultas.

Los carteles del protocolo de acoso en distintos centros convierten ese plan en algo visible, no solo en un PDF colgado en la web.

Antes, la salud mental aparecía sobre todo en conversaciones informales y en estudios académicos, pero no contaba con un servicio universitario específico para estudiantes incorporado al presupuesto.

Las iniciativas existentes llegaban a veces de forma dispersa: algún taller, alguna campaña puntual, pero sin una presencia continuada en la comunicación universitaria.

Los datos sobre salud mental en estudiantes se recogían de forma menos sistemática, y era difícil que la situación concreta de la UO apareciera en los informes que leen quienes diseñan políticas públicas.

Ahora, el proyecto de Presupuestos 2024 incluye un servicio gratuito de salud mental para estudiantes, y el Programa de Atención Psicológica forma parte de la oferta regular de la UO.

Los talleres, recursos y campañas se difunden de forma constante, y la participación en grandes encuestas estatales asegura que la realidad de las aulas de Oviedo figure en los datos que se utilizarán para diseñar políticas.

La salud mental deja de ser “algo de lo que se habla” y pasa a tener servicios, recursos y datos que permiten exigir medidas concretas.

Antes, el deporte universitario se organizaba con menos datos sobre quién participaba, qué actividades se demandaban o qué barreras encontraban ciertos colectivos, especialmente las mujeres.

Las actividades de igualdad en el deporte eran más puntuales, y la información sobre la oferta deportiva llegaba de manera irregular al estudiantado.

Ahora, el Servicio de Deportes cuenta con una encuesta de 2.000 respuestas que permite ajustar mejor la oferta a lo que realmente quiere y necesita el estudiantado.

El acto del 25N “El deporte tiene rostro de mujer” pone el foco en las desigualdades de género, y la Hoja Deportiva SPORT-UO visibiliza cada semana las actividades y logros, haciendo que el deporte universitario sea más reconocible y accesible.

Antes, los compromisos sobre campus saludables, equidad e inclusión estaban menos conectados con alianzas europeas y con planes energéticos concretos.

La participación de la UO en cooperación al desarrollo existía, pero con menos peso de la voz estudiantil en la definición de prioridades y en la lectura de anteproyectos de ley.

Ahora, la firma de los Principios de Campus Saludable y de la Carta de Equidad e Inclusión de INGENIUM hace que la UO se comprometa en red con otras universidades europeas a trabajar en salud, bienestar y diversidad.

El plan de ahorro energético y la participación en eventos como la Semana de la Diversidad o el Día de la Diabetes conectan esa agenda con acciones concretas en los campus.

El Consejo de Cooperación al Desarrollo y las observaciones al anteproyecto de ley asturiana de cooperación colocan al estudiantado en el debate sobre cómo la Universidad se relaciona con el mundo y con la justicia global.

Antes, la web de la representación estudiantil se parecía mucho a la estructura administrativa de la UO: menús pensados desde los órganos, secciones duplicadas y textos largos que asumían que la persona ya conocía cómo funciona la institución.

Encontrar algo tan básico como dónde pedir ayuda, cómo reclamar o dónde encontrar información sobre alojamiento exigía navegar por varias páginas, abrir PDFs y, muchas veces, conocer el nombre exacto del trámite.

La experiencia era poco amigable para quien llegaba de nuevo a la Universidad o para quien solo quería resolver un problema concreto y rápido.

Ahora, la web se estructura en torno a situaciones concretas del día a día: “necesito alojamiento”, “quiero presentarme a delegado/a”, “busco información sobre becas”, “quiero participar en mentoría”, etc.

Los textos se han reescrito en lenguaje comprensible, con pasos claros, enlaces directos a formularios y documentos que se pueden rellenar y enviar sin tener que pedirlos por correo.

La web se convierte en la puerta de entrada a los recursos de representación, no en un mapa de la estructura interna de la Universidad.

Antes, quien buscaba alojamiento dependía casi exclusivamente de grupos informales, redes sociales o contactos personales. La representación recibía correos pidiendo ayuda, pero no existía un punto único que se pudiera enviar a todo el mundo.

La información llegaba fragmentada: anuncios sueltos en redes, correos reenviados, carteles en corchos, y era difícil seguir el rastro de qué ofertas estaban aún disponibles.

Ahora existe una sección de alojamiento en la web, donde se explica con transparencia qué puede hacer la representación y qué no, y se centraliza un tablón de anuncios con ofertas y demandas.

Los correos que llegan se responden remitiendo a esa página, que funciona como referencia estable y actualizable. Quien busca o ofrece alojamiento sabe dónde publicar y dónde mirar.

El resultado es menos ruido en redes y más orden en la búsqueda de habitación o piso para quienes llegan nuevos a la UO.

Antes, cuando se abrían formularios para analizar nuevas líneas de transporte, los enlaces circulaban unos días por redes y luego se perdían, sin un lugar estable en la web donde quedara explicado el proceso completo.

El estudiantado podía rellenar el formulario sin saber bien qué se haría con esos datos, ni qué papel jugaba la Universidad frente a la CTA o al Consorcio de Transportes.

Ahora, las campañas de transporte remiten siempre a una sección específica en la web donde se explica el contexto, se alojan los formularios y se indica qué pasos seguirán después de la recogida de datos.

Esto permite que incluso cuando la campaña en redes acaba, la información siga disponible y se pueda consultar qué se hizo, qué se pidió y con qué criterios.

Antes, la gestión de información interna y anuncios dependía de cadenas de correos, grupos informales y documentos dispersos. No había un lugar específico donde el estudiantado pudiera ver de forma segmentada qué se estaba ofreciendo o buscando.

La capacidad de personalizar qué avisos quería recibir cada persona era muy limitada: o se entraba en un grupo genérico o se quedaba fuera de la información.

Ahora existe una intranet donde quienes se verifican pueden acceder a un tablón digital, marcar intereses, gestionar sus datos y recibir avisos solo de los temas que han elegido.

Esto reduce ruido, mejora la privacidad y permite que la información llegue de forma más ordenada a quien realmente la necesita.

Antes, la información sobre mentoría se repartía entre correos, carteles y documentos PDF. Para inscribirse había que rellenar formularios que no siempre permitían guardar cambios o retomar el proceso.

Las dudas sobre qué significaba ser mentor o mentorizado se resolvían por correo o en reuniones puntuales, sin una guía fácil de consultar en la web.

Ahora, la web del Programa de Mentoría concentra la información, enlaza a un formulario por pasos que se puede retomar y ofrece un panel donde ver el estado de la solicitud.

Esto reduce correos repetidos, evita que se pierdan inscripciones a medio hacer y hace más transparente el proceso entero.

Antes, muchos modelos de escritos circulaban como archivos adjuntos privados o se reenviaban a quien los pedía, sin un lugar estable y público donde poder descargarlos.

Esto hacía que cada curso hubiera que volver a buscar plantillas, ajustarlas o pedir a alguien que ya las hubiera utilizado que las compartiera.

Ahora, las plantillas se publican en la web, con versiones actualizadas y reconocibles, de forma que cualquier estudiante pueda descargarlas y usarlas sin tener que “conocer a alguien” que se las pase.

Esto democratiza el acceso a herramientas formales básicas y reduce la dependencia de redes informales.

Antes, la información circulaba sobre todo por grupos de WhatsApp creados por promociones o por centros, con muchos mensajes diarios y un ruido que hacía fácil perder convocatorias o plazos.

La representación tenía poco control sobre qué se reenviaba, cómo y con qué contexto, y era difícil llegar a quien no estaba ya dentro de esos grupos.

Ahora existen canales oficiales de WhatsApp, abiertos a que cualquiera se suscriba, donde se publican avisos relevantes y siempre con enlaces a la web o a formularios.

Esto permite que el estudiantado siga lo que ocurre sin tener que soportar centenares de mensajes de chat, y que la representación pueda asegurar que la información llega con el contexto adecuado.

Antes, las redes se utilizaban de forma más reactiva: se publicaban carteles cuando surgía algo y muchas veces no había enlace claro a un lugar donde ampliar la información o inscribirse.

Algunas publicaciones tenían mucha visibilidad pero dejaban poca huella práctica, porque no estaban conectadas a formularios, documentos ni secciones estables de la web.

Ahora, cada vez que se comunica algo relevante se procura que haya un lugar en la web o la intranet al que apuntar, y las redes funcionan como escaparate para llevar tráfico a esos recursos.

Esto hace que la comunicación sume: quien llega por una story o un post tiene un clic más para llegar a un formulario, un documento o una guía que le permite actuar.

Antes, buena parte de la información sobre qué se discutía y decidía en los órganos de representación llegaba solo a través de correos puntuales o por transmisión oral.

Si alguien quería saber qué se había acordado un año atrás, dependía de que otra persona guardase el correo o el acta en su ordenador personal.

Ahora, convocatorias, actas e informes se publican en la web organizada por años y órganos, lo que permite seguir la historia de los acuerdos y exigir coherencia entre lo que se dijo y lo que se hace.

Esto refuerza la cultura de rendición de cuentas y facilita que cualquier estudiante pueda ver de dónde vienen las decisiones actuales.

Antes, cuando se lanzaba un formulario, se compartía el enlace por redes y por grupos de WhatsApp y, una vez terminada la campaña, era complicado encontrarlo de nuevo o saber si seguía vigente.

El estudiantado recibía links sin contexto, lo que a veces generaba desconfianza o simplemente desmotivación para participar.

Ahora, las encuestas y formularios se agrupan en una sección web donde se explica para qué son, quién los lanza y hasta cuándo estarán abiertos, y las redes solo son la vía para difundir estos puntos de entrada.

Esto da más confianza, más contexto y permite que la participación sea más consciente y menos impulsiva.

Antes, para enterarse de lo que pasaba en la Universidad, lo normal era ir saltando entre webs distintas, carteles pegados en pasillos y correos masivos que pocas personas abrían.

Las actividades culturales, los plazos de becas o las oportunidades de voluntariado llegaban muchas veces tarde o de forma fragmentada, así que quien no estaba muy pendiente de todo directamente se lo perdía.

Ahora existe una dinámica estable de agendas semanales, resúmenes y recordatorios que permiten enterarse de lo esencial desde el móvil, sin tener que perseguir veinte canales distintos.

La información oficial sigue en sus webs y boletines, pero se acompaña de explicaciones, filtros y formatos pensados para que el estudiantado pueda decidir rápidamente si algo le interesa y qué pasos tiene que dar.

Antes, la llegada a la Universidad dependía mucho de la suerte: del grupo en el que cayeras, de si alguien te explicaba los entresijos de horarios, becas y exámenes, o de si encontrabas por tu cuenta la información escondida en las webs.

Las Jornadas de Orientación ofrecían información valiosa, pero el foco estaba más en estudios y salidas profesionales que en la vida cotidiana de la persona que se matricula por primera vez.

Ahora, la acogida al nuevo ingreso incorpora materiales, mensajes y presencia específica pensada desde las dudas reales del alumnado: cómo se calcula la nota, qué pasa si suspendo, cómo cambio de grupo, qué hago con las becas, etc.

La combinación de stands, materiales impresos y contenido en redes permite que, aunque siga habiendo incertidumbres, haya también más puntos claros de apoyo y más personas sabiendo dónde pueden hacer la siguiente pregunta.

Antes, el acompañamiento entre iguales dependía casi por completo de que surgieran redes informales: amistades, grupos de WhatsApp de clase o coincidencias en la residencia o en el autobús.

Había experiencias y proyectos puntuales de mentoría, pero con menos estructura común, menos coordinación entre centros y sin un sistema de recogida de datos que permitiera mejorarlos con cada edición.

Ahora existe un programa de mentoría reconocible, con fases de inscripción, asignación y seguimiento, que permite a muchas personas de nuevo ingreso tener un referente cercano al que preguntar aquello que no se suele poner por escrito.

El uso de herramientas específicas para gestionar inscripciones, asignaciones y feedback hace posible ajustar el programa con datos, en lugar de basarse solo en impresiones informales.

Antes, la Universidad de Oviedo contaba con iniciativas de comunicación institucional y con proyectos puntuales de radio, pero faltaba un espacio estable donde la voz del estudiantado fuera protagonista.

Muchas ideas, debates y proyectos se quedaban dentro de las aulas, en pasillos o en grupos pequeños, sin un canal propio para contarlos al resto de la comunidad universitaria.

Ahora, la creación de una emisora universitaria digital permite que haya programas pensados, guionizados y producidos por estudiantes, con espacio para cultura, ciencia, actualidad universitaria y participación.

Esto no sustituye a la comunicación institucional, pero añade un canal propio donde se puede hablar en primera persona de lo que supone estudiar, investigar y participar en la UO.

Antes, encontrar habitación o personas con quien compartir piso dependía sobre todo de grupos informales, redes sociales abiertas o plataformas externas sin vínculo específico con la Universidad.

Lo mismo ocurría con prácticas, pequeños proyectos o eventos: quien no estaba en los círculos adecuados podía no enterarse de oportunidades que sí le habrían interesado.

Ahora existe un tablón digital que agrupa anuncios por temas y una página específica de alojamiento, lo que permite canalizar de forma más ordenada la oferta y la demanda dentro de la comunidad universitaria.

Esto no sustituye a otras plataformas, pero ofrece un espacio propio donde es más fácil que la persona que estudia en la UO encuentre a quien también está en la UO.

Antes, muchas asociaciones estudiantiles se encontraban con un laberinto de trámites a la hora de organizar una simple actividad: reservas de espacios, seguros, compras pequeñas, justificaciones…

La difusión dependía en gran medida de sus propios canales, así que era fácil que una actividad interesante pasara desapercibida para la mayoría del estudiantado.

Ahora, la representación estudiantil trabaja como punto de apoyo para asociaciones y colectivos, ayudando a traducir la burocracia universitaria y a conectar sus actividades con la agenda general.

La discusión sobre financiación deja de centrarse solo en “a ver si hay alguna ayuda este año” y pasa a hablar de modelos estables que permitan sostener una vida asociativa rica y diversa.

Antes, la oferta cultural universitaria era rica, pero muchas personas la descubrían por casualidad o después del evento, cuando veían la noticia o el cartel ya pasado.

La conexión entre esa programación y la vida de las aulas era menor, y a veces resultaba complicado compatibilizar la asistencia con las cargas académicas.

Ahora, la programación cultural se integra en la comunicación semanal dirigida al estudiantado y se busca que las actividades dialoguen con la vida académica, no compitan a ciegas contra ella.

Eso no elimina los problemas de horarios o cargas, pero sí hace que quien quiera participar tenga más fácil enterarse a tiempo de qué hay, cuándo y dónde.

Antes, muchas personas descartaban de entrada irse de movilidad o solicitar prácticas porque la información les resultaba inaccesible o confusa, y porque la primera impresión era que “esto no es para mí”.

Las dudas se repetían de forma individual en correos y ventanillas, sin aprovecharse para mejorar la información general.

Ahora, las convocatorias se acompañan de explicaciones, infografías y recordatorios que hacen más fácil entender qué se está ofreciendo y qué pasos hay que seguir.

El uso de formularios y canales específicos permite detectar dudas recurrentes y convertirlas en información útil para todo el mundo, reduciendo la sensación de que la movilidad es un laberinto reservado a quienes ya conocen el sistema.

Antes, muchas personas llegaban a las convocatorias Erasmus+ leyendo únicamente el extracto del BOPA o la resolución larga, con lenguaje jurídico y sin ejemplos concretos de cómo se aplicaban los plazos o los grupos de países a su caso.

La información económica (grupos 1, 2, 3, terceros países, complementos y ayudas de viaje) resultaba confusa, y no siempre quedaba claro qué podía esperar cada estudiante según su destino y su situación.

Ahora, cada convocatoria se acompaña de materiales explicativos y resúmenes que traducen la jerga administrativa a lenguaje práctico, con ejemplos de itinerarios, plazos y combinaciones de ayudas.

Las personas interesadas pueden entender de forma rápida si les compensa presentarse, qué documentación necesitan, qué peso tiene el expediente y cómo funcionan los complementos de inclusión o el desplazamiento ecológico.

Antes, muchas dudas de movilidades se resolvían solo con correos genéricos o consultas puntuales en oficinas, sin un acompañamiento que mirase la trayectoria completa del grado ni las circunstancias personales de cada estudiante.

Problemas con cambios de asignaturas, ampliaciones de estancia o reconocimiento a la vuelta podían traducirse en retrasos, pérdida de créditos o sensación de abandono.

Ahora, cada vez es más habitual que las personas encuentren a alguien que les ayude a pensar la movilidad de forma integral, conectando centros, servicios y normativas para evitar que un problema puntual se convierta en un curso perdido.

El foco pasa de “ya has presentado la solicitud” a “cómo garantizamos que lo que cursas fuera cuente de verdad para tu titulación y tu economía”.

Antes, gran parte de las oportunidades de movilidad se concentraban en plazos muy tempranos, lo que favorecía a quien tenía información, seguridad económica y planes claros desde muy pronto en el grado.

Quien necesitaba decidir en función de prácticas, trabajo, cuidados familiares o salud quedaba con menos margen real para acceder a destinos competitivos.

Con la estructura de varios plazos y una mirada más fina a distintos perfiles, la internacionalización se acerca también a quienes no pueden decidirlo todo con tanta antelación.

Sigue habiendo limitaciones, pero el diseño de la convocatoria reconoce que no todo el estudiantado vive las decisiones de movilidad de la misma manera ni con las mismas condiciones.

Antes, parte del estudiantado incoming llegaba a la UO con información muy dispersa y dependía casi exclusivamente de la buena voluntad de compañeros y profesorado para entender horarios, evaluación o canales de participación.

La experiencia podía ser muy distinta según el centro y el grupo en que cayesen.

Ahora hay más materiales accesibles, espacios de acogida y referencias claras en los centros, lo que reduce la sensación de desorientación al llegar.

La internacionalización “en casa” gana peso: no solo se envía a estudiantes fuera, sino que se intenta que quienes vienen se sientan parte de la comunidad y puedan aportar su mirada.

Antes, muchas personas descubrían tarde que no cumplían el nivel de idioma requerido, o no sabían qué certificaciones aceptaba la Universidad para un determinado destino.

El idioma funcionaba como una barrera poco visible que dejaba fuera a estudiantes con buen expediente pero con menos acceso previo a formación lingüística.

Ahora, los problemas de acreditación y plazos se ponen sobre la mesa de forma más sistemática, y se puede exigir que la política de idiomas se piense también desde la equidad y la igualdad de oportunidades.

Esto no resuelve todos los desequilibrios, pero hace más difícil ignorar que el idioma es parte de la política de movilidad, no solo una condición previa.

Antes, las alianzas europeas se percibían muchas veces como algo que ocurría “arriba”, decidido entre rectorados y equipos, con poca información sobre qué implicaban realmente para la experiencia cotidiana del estudiantado.

La participación estudiantil en su gobernanza era más limitada y fragmentaria.

Ahora, la representación estudiantil forma parte de los espacios donde se define qué es INGENIUM, qué proyectos se priorizan y cómo se concretan los principios de multilingüismo, equidad e inclusión.

Eso permite conectar las decisiones europeas con las necesidades reales de las titulaciones y campus de la UO, y reclamar coherencia entre discurso y práctica.

Antes, la internacionalización se asociaba casi exclusivamente a estancias largas tipo Erasmus, difíciles de compatibilizar para quienes trabajan, tienen responsabilidades de cuidados o viven situaciones económicas ajustadas.

Las experiencias de cooperación europea entre aulas eran más puntuales y menos visibles.

Ahora, las movilidades cortas y las actividades conjuntas de INGENIUM ofrecen una gama más amplia de formas de “salir y entrar” en contextos europeos, ajustándose mejor a distintas trayectorias vitales.

La internacionalización deja de ser una experiencia reservada a quien puede irse un año entero fuera, y se abre a más perfiles.

Antes, muchas convocatorias europeas para proyectos estudiantiles pasaban desapercibidas, o se percibían como algo lejano y difícil de encajar en la carga académica.

La falta de ejemplos y de acompañamiento hacía que solo unos pocos perfiles se animasen a presentarse.

Ahora, se trabaja para que las Student Partnerships y otras líneas similares se vean como una oportunidad real de aprender, viajar y cooperar, conectando asignaturas, asociaciones y grupos de estudiantes.

Quien quiere implicarse encuentra más fácilmente información, modelos y personas dispuestas a ayudar a estructurar el proyecto.

Antes, los problemas de coordinación se vivían sobre todo como correos sin respuesta, tiempos de espera largos o informaciones contradictorias según quién atendiera en cada momento.

Faltaba una lectura más global de esas incidencias como señales de que el engranaje interno necesitaba refuerzo y clarificación.

Ahora, muchas de esas situaciones se recogen, se ponen en común y se trasladan a órganos de gobierno como cuestiones estructurales, lo que permite hablar de refuerzos de personal, protocolos claros y canales de comunicación estables.

La idea es que el estudiante no tenga que ser quien coordine por su cuenta a los distintos servicios de la Universidad.

Antes, la internacionalización se trataba muchas veces separada de los debates sobre becas, salud mental o conciliación, como si participar en una movilidad fuese solo cuestión de “quererlo lo suficiente”.

Eso invisibilizaba a quien no podía asumir determinados costes económicos, emocionales o familiares.

Ahora, la movilidad se discute también junto con las políticas de ayudas, salud mental, igualdad y campus saludable, lo que permite reclamar medidas específicas para que nadie quede fuera por motivos de renta, género o salud.

La internacionalización se va incorporando a la agenda de derechos, y no solo a la agenda de prestigio institucional.

Antes, la presencia estudiantil en el Consejo de Gobierno y en el Claustro era más irregular: había sesiones a las que acudía solo parte de quienes tenían acta, con intervenciones puntuales y menos coordinación previa.

Muchos temas se vivían como decisiones “ya tomadas” por otros niveles, y el estudiantado llegaba a los órganos con la sensación de poder hacer poco más que votar lo que se ponía sobre la mesa.

La comunicación con el resto del estudiantado tras las sesiones era más limitada: costaba saber qué se había defendido, qué se había votado y qué se había conseguido cambiar.

Ahora, los asientos estudiantiles en el Consejo de Gobierno y en el Claustro se ocupan de forma estable, con intervenciones en los puntos clave y votaciones que reflejan posiciones trabajadas previamente.

Las personas que representan al estudiantado llegan a las sesiones con propuestas de enmienda, alternativas o votos particulares preparados, y utilizan los turnos de palabra para marcar posición en temas como presupuestos, evaluación, calendario, estatutos y reglamentos electorales.

Tras las sesiones, se devuelven resúmenes e informes, de manera que lo que se defiende dentro de los órganos puede contrastarse con el estudiantado al que se representa.

Antes, muchas comisiones trabajaban sin apenas seguimiento estudiantil: los documentos llegaban a los órganos ya cerrados, y era difícil introducir cambios si no se estaba presente en la fase de borrador.

La representación se veía más como algo centrado en el Claustro y el Consejo de Gobierno, y menos como un actor en los espacios técnicos donde se afinan los reglamentos y las convocatorias.

Esto hacía que, cuando el estudiantado detectaba un problema en una norma, ya fuera tarde para cambiarla sin abrir otro proceso entero.

Ahora, las personas que representan al estudiantado piden de forma sistemática estar en las comisiones donde se elaboran calendarios, reglamentos, planes directores, bases de ejecución, planes estratégicos y convocatorias de ayudas.

Eso permite introducir matices desde el principio, detectar problemas antes de que lleguen a los plenos y, cuando no se consigue convencer, dejar constancia en las actas de las posiciones estudiantiles.

Los documentos dejan de ser “sorpresas” y pasan a ser piezas que se han discutido previamente en mesas de trabajo donde el estudiantado está presente.

Antes, el Consejo Social podía percibirse como un órgano lejano, centrado en la relación con empresas, administraciones y financiadores, con una voz estudiantil menos estructurada.

La mirada de quien estudia en la UO llegaba más por vías informales que por intervenciones claras en los puntos del orden del día.

Ahora, la representación estudiantil usa sus asientos en el Consejo Social para hablar de tasas, becas, vivienda, transporte, salud mental, empleo, internacionalización e igualdad, y vincular esas decisiones a la realidad de las aulas.

Cada sesión se prepara y se evalúa después, de forma que las posiciones estudiantiles en el Consejo Social se enmarcan en una agenda más amplia y coherente.

Antes, el contacto con Rectorado y Gerencia tendía a concentrarse en momentos de conflicto o urgencia: se pedía cita cuando había un problema concreto o una crisis mediática, y después esa relación se enfriaba.

Eso dificultaba el seguimiento de acuerdos y hacía que cada negociación empezase casi de cero, sin una agenda de trabajo continuada.

Ahora, las reuniones con Rectorado, Vicerrectorados y Gerencia forman parte de una agenda estable, en la que se revisan los compromisos asumidos, se mide qué se ha cumplido y se ponen nuevas prioridades encima de la mesa.

El acuerdo de los 10 puntos del 17/01/2025 es un ejemplo de cómo estas reuniones se traducen en documentos firmados que recogen cuestiones como gratuidad, salud mental, ONEO, ayudas propias o servicios de apoyo.

Antes, la interlocución con el Principado y otras administraciones se daba en momentos muy concretos o a través de terceros, y la voz del estudiantado llegaba de forma menos directa a las mesas donde se fijan tasas o se diseña la política de vivienda y transporte.

Las observaciones a normas autonómicas eran más la excepción que la regla.

Ahora, la agenda contempla reuniones directas con la Administración autonómica y local, y el estudiantado envía escritos de observaciones cuando se regulan cuestiones que le afectan de lleno: precios públicos, ayudas, transporte, cooperación o juventud.

Eso permite que la realidad de los campus esté presente cuando se toman decisiones que luego aparecerán en el BOPA.

Antes, la participación en redes estatales podía limitarse a acudir a alguna asamblea suelta o a seguir de lejos los posicionamientos, sin un trabajo sistemático para convertir esas agendas en cambios concretos en la UO.

Se perdían oportunidades de aprender de otras universidades o de colocar la realidad asturiana en los debates estatales.

Ahora, la agenda incluye asistencia regular a reuniones estatales, participación en grupos de trabajo específicos y contribuciones a documentos que impactan en normas como el Estatuto del Estudiante en Prácticas o el sistema de becas.

Lo que se aprende en esas redes vuelve a la UO en forma de propuestas, y lo que se hace en la UO se comparte fuera como experiencia propia.

Antes, la participación estudiantil en alianzas europeas era más difusa: las decisiones y documentos circulaban, pero había menos presencia directa en los espacios donde se definían prioridades y políticas.

La internacionalización se vivía más como algo que “viene de fuera” que como un espacio donde el estudiantado de la UO puede fijar agenda.

Ahora, la representación estudiantil se sienta en las mesas europeas donde se discute cómo serán los campus de la alianza, cómo se gestionan los idiomas, qué apoyos necesitan las personas en movilidad y cómo se cuida la inclusión en un espacio transnacional.

Esa presencia permite traer a Asturias debates que se están dando en Europa, y llevar a esas alianzas preocupaciones muy concretas de quienes estudian en la UO.

Antes, muchas personas percibían la representación como algo muy centrado en el edificio histórico o en los organismos centrales, con menos presencia continuada en las Juntas de centro o en los actos cotidianos de cada campus.

Los problemas locales de una titulación tardaban más en encontrar cauces para ser llevados a los órganos generales.

Ahora, las visitas a centros y la asistencia a Juntas se integran en una agenda que recorre campus y facultades, recoge situaciones concretas y las conecta con los debates del Claustro, el Consejo de Gobierno o las comisiones.

La presencia en actos institucionales permite que, cuando se habla “en nombre de la comunidad universitaria”, la mirada del estudiantado esté realmente en el escenario y no solo entre el público.

Antes, el diálogo con sindicatos, colegios profesionales y entidades sociales se daba más a través de contactos informales o coincidencias puntuales, sin una agenda propia clara.

Se perdían sinergias posibles entre lo que pasaba en la Universidad y lo que trabajaban estas organizaciones en materia de juventud, empleo o salud mental.

Ahora, la representación estudiantil reserva tiempo en su agenda para estas reuniones, y las utiliza para alinear demandas (por ejemplo, sobre prácticas, salarios, vivienda o salud mental) con actores que también están defendiendo derechos juveniles.

Eso refuerza la capacidad de incidencia de las propuestas que salen de las aulas de la UO.

Antes, buena parte del trabajo institucional quedaba en correos sueltos, notas personales o recuerdos de quienes habían ocupado cargos en etapas anteriores.

Cada relevo empezaba casi de cero, sin una memoria consolidada de qué se había intentado, qué se había conseguido y qué resistencias se habían encontrado.

Ahora, la agenda y la presencia institucional se traducen en informes, escritos y memorias que quedan almacenados y que sirven de base para quienes asumirán la representación en el futuro.

Esto permite dar continuidad a las luchas, aprender de los errores, no repetir debates ya cerrados y reforzar los argumentos cuando se vuelve sobre un tema que ya se trabajó en años anteriores.